Este 20 de junio se conmemora el Día Mundial de la Persona Refugiada y Desplazada. Con ese motivo, la Red Jesuita a Migrantes, de la que es parte el Servicio Jesuita a Migrantes Bolivia, junto a otras que instituciones de la Compañía que trabajan con refugiados, elaboró una declaración que reafirma su compromiso con la Campaña por la Hospitalidad que busca abrir las puertas a nuevas oportunidades de vida a las personas en situación de refugio.
Además la declaratoria invita desde Latinoamérica y el Caribe a asumir el reto de seguir promoviendo la Humanidad de todas las personas y en particular de aquellas que sufren debido a los discursos, prácticas de estigmatización y la implementación de políticas con enfoque de securitización.
La Iglesia Católica en el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes en 1992 a través del Pontificio Consejo Cor Unum incorpora el concepto “ refugiado de facto”, el cual hace referencia no sólo a toda persona perseguida a causa de su raza, religión pertenencia a grupos sociales o políticos sino también la contenida en la Declaración de Cartagena donde se considera a “toda víctima de los conflictos armados, de las políticas económicas erróneas o de desastres naturales, y, por razones humanitarias, todo desplazado interno, es decir, cualquier civil desarraigado por la fuerza de su hogar por el mismo tipo de violencia que genera refugiados.”
A continuación la declaratoria:
Campaña por la Hospitalidad
EN TIEMPOS DE MUROS HACEMOS PUENTES
La persona Refugiada y Desplazada en muchas ocasiones sufre injusticias y estigmatización. En su cotidianidad es negada su humanidad.
En ocasión del Día Mundial de la persona Refugiada y Desplazada quienes apoyamos la Campaña por la Hospitalidad invitamos desde Latinoamérica y el Caribe, a asumir el reto de seguir promoviendo la Humanidad de todas las personas y en particular de aquellas que sufren debido a los discursos, prácticas de estigmatización y la implementación de políticas con enfoque de securitización.
La Hospitalidad es una interacción que permite humanizar a quienes participan de ella.
Una mirada desde el norte hasta el sur del continente.
Uno de los corredores migratorios más transitados del mundo y donde se destaca la diversidad de flujos migratorios y las múltiples causas de estos se extiende desde Centroamérica, a través de México, hasta EE.UU. Aproximadamente 400,000 personas transitan cada año por México y según organizaciones de la sociedad civil, estiman que 150,000 tienen necesidad de protección internacional.
En México entre el 2015 y 2016 las solicitudes de asilo presentaron un incremento del 156%. Sin embargo, la protección que el gobierno mexicano ha concedido a casi 3 mil personas en 2016 está muy lejos de ser una respuesta acorde a la necesidad de protección de miles de personas, más aún si se contrasta con las deportaciones, que sólo en 2015 fueron de más de 165,000.
En Costa Rica, se presentaron 4.470 solicitudes de refugio, el doble de lo registrado en 2015 de acuerdo a la ACNUR. Se estima que para este 2017 las nuevas solicitudes de protección internacional en Costa Rica, crecerán entre un 35% y 45%, en particular de personas salvadoreñas, hondureñas y venezolanas, así como de personas extra-continentales que han venido en ascenso.
En la frontera colombo-panameña persisten flujos migratorios irregulares asociados a la trata y tráfico de personas, el narcotráfico y la vinculación de niños, niñas y adolescentes a grupos armados ilegales.
En Colombia el desplazamiento forzado interno sigue siendo realidad en muchos territorios. Aunque el proceso de paz con las FARC-EP ha disminuido considerablemente los índices de violencia, nuevas conflictividades han estado emergiendo en el país dejando a la luz retos humanitarios muy grandes de cara al periodo de pos acuerdos como: las acciones armadas del Ejército de Liberación Nacional (ELN); la reorganización y consolidación de los Grupos Paramilitares Pos desmovilización; el auge y afianzamiento de mega-proyectos de desarrollo y economías extractivas. Sigue siendo además una tarea pendiente, pese a las políticas existentes en la materia, la atención y reparación integral de millones de víctimas, incluidas aquellas que han debido huir del país a causa del conflicto y para las cuales no hay planes ni programas específicos. A lo anterior se suma que poco a poco Colombia se ha convertido en un país de destino de personas con necesidad de protección internacional, en especial de venezolanos, una nueva dinámica que ha cuestionado y planteado serios retos a la capacidad de respuesta efectiva a nivel normativo e institucional del Estado.
En Venezuela la agudización de la crisis socio-política y económica sigue generando movimientos forzosos de venezolanos particularmente hacia países de América Latina, EE.UU y países europeos, convirtiéndose en el éxodo de migrantes forzados más novedoso de la región.
En general todos los países de la región reportan la llegada masiva de personas de éste país, y comienza a ser palpable que los migrantes venezolanos están quedando, en la mayoría de los casos, fuera de los sistemas de protección de los Estados al no ser reconocidos como refugiados sufriendo un estado de indefensión y vulnerabilidad.
En Ecuador persiste el flujo de colombianos y haitianos en condición de vulnerabilidad, sobre todo, estos últimos en tránsito hacia otros países, en tanto que su ingreso como su estadía regular en el país presentan dificultades. Del mismo modo, se evidencia un aumento de la presencia de venezolanos en busca de protección internacional, quienes finalmente han sido inadmitidos al proceso, ya que el Estado ecuatoriano no reconoce la presencia de un conflicto en ese país; evidenciando un enfoque de seguridad que desconoce los tipos de persecución previstos por la Declaración de Cartagena de 1984 y exponiendo a estas personas a riesgos muchos más altos de deportación y abusos de la autoridad migratoria.
En promedio mensualmente 423 personas cruzan la frontera colombo-ecuatoriana en busca de protección internacional, en esa dinámica, apenas 60.524 personas han logrado el estatus de refugiados hasta Enero de 2017, de una población de más de 226.000 solicitantes de asilo.
¡Hacemos eco a un llamado que nos une!
Vemos con preocupación en toda la región: el aumento de las solicitudes de asilo, el incremento del número de detenciones y deportaciones con relación a la poca capacidad Estatal y la falta de un marco legal garante de los derechos para los migrantes; igualmente la persistencia de escenarios de inseguridad y precariedad que afectan a los migrantes forzados que están en toda la región.
Como respuesta a la realidad aquí reseñada vemos la necesidad de hacer un llamado al uso de una definición más amplia sobre refugio a fin de proteger a todas las personas que de facto son violentamente forzadas a una migración.
Es deber de todo los países en Latinoamérica y el Caribe establecer medidas de protección y prevención para aquellas comunidades profundamente amenazadas por las nuevas violencias; avanzar hacia soluciones estables y duraderas que les permita reconstruir sus proyectos de vida en armonía con los territorios y de cara a un desarrollo económico con un rumbo ambientalmente sostenible y socialmente equitativo; y garantizar la vida de los migrantes forzados que huyen de sus países de origen por situaciones de violencia social generalizada, por políticas económicas erróneas y por violación sistemática de DD.HH.
Allí donde nacen muros de exclusión, securitización, desconfianza y xenofobia, reiteramos la invitación para construir más y más puentes de Hospitalidad, Humanidad y fraternidad.
En tiempos de muros hacemos puentes
Migrantes, desplazados y refugiados están buscando una vida mejor.
La Hospitalidad es el camino para acompañarles en este propósito.
La Hospitalidad: una relación que nos Humaniza.
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